La Fiscalía
del Distrito Nacional informó del arresto, este lunes, de Miguel de Oleo
Montero, alias Miguelón, imputado en el entramado fraudulento que estafó a 284
personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia
Rosario.
Rosalba Ramos, fiscal titular
del Distrito Nacional, indicó que en las próximas horas el Ministerio Público
depositará la solicitud de imposición de prisión preventiva en contra del
imputado, junto a la declaración de complejidad del caso.
La opción por esta medida de
coerción responde a que De Oleo Montero tenía pleno conocimiento de las
actividades a las que se dedicaba el grupo, lo cual constituye una violación
expresa al ordenamiento jurídico establecido, transgrediendo la norma penal, y
porque no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y
someterse a estos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para
descartar el peligro de fuga.
A través de un comunicado, el
órgano persecutor informó que De Oleo Montero está detenido en el Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva.
La instancia presentada por el
órgano de la acusación destaca que el grupo que integran Miguelina Gómez
Santana, Miguel de Oleo Montero, Hilario Amparo y Johnny Portorreal, los dos
últimos prófugos, se acercó a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes
sumas de dinero, con la finalidad de incluirlas en el proceso de cobro de una
supuesta herencia dejada por Celedonio Rosario y María del Rosario
(fallecidos), presuntamente reclamada en España y Suiza.
La fiscal encargada del
Departamento de Investigación de Falsificaciones, Evelyn García, indicó que
para la comisión del hecho los imputados captaban clientes y supuestos
herederos de la familia Rosario, a quienes les aseguraban que contaban con los
números de cuentas en las cuales se depositarían los montos resultantes de la
distribución de la herencia.
Durante la investigación y según
testimonios de los afectados, los encartados dijeron a las más de 280 víctimas
que el dinero había sido transferido al Banco Central de la República
Dominicana y posteriormente trasladado al Banco de Reservas, desde las
entidades financieras Santander de España y Banco Zurich de Suiza, para cuyos
trámites internos les requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
El órgano persecutor ha
atribuido al presente hecho la calificación jurídica de violación al artículo
405 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017,
sobre Lavado de Activos.